Por Andrés Segovia para Arenga Digital – 24 de marzo de 2016.

VALERA, Venezuela – El marco legal y jurídico venezolano no es preciso en materia de derechos para la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersex (LGBTI) . De hecho, este grupo debe recurrir generalmente a la categoría de “otros” a la hora de describirse ante la ley.

Organizaciones no gubernamentales y grupos políticos venezolanos están trabajando para  establecer una agenda reivindicativa por los derechos legales de esta importante comunidad.

Y en un país violento y polarizado políticamente, como Venezuela, proteger a estos ciudadanos es necesario ante la coyuntura nacional.

La ONG pro-derechos humanos Amnistía Internacional, en su informe 2015/2016 calificó de “preocupantes” los continuos actos de violencia, como acosos o asesinatos particularmente contra transexuales y travestis, en Venezuela y el no reconocimiento legal de las uniones y paternidades de parejas del mismo sexo.

“Se recibían informes constantes de casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Los responsables rara vez comparecían ante la justicia, ya que las denuncias no se investigaban ni enjuiciaban”, dice el informe.

“La legislación no contaba con disposiciones específicas que penalizaran los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género”, agrega.

¿Sus derechos son prioridad?

La polarización política también se presencia en la comunidad LGBTI venezolana.

Esta se reavivó a fines de enero pasado con declaraciones del secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, coalición de partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro) Jesús “Chúo” Torreaba, quien consideró al matrimonio igualitario un tema del “primer mundo”, que si bien “es importante”, no es tan urgente como la crisis política, económica y social que padece la nación.

Tamara Adrián, primera diputada transgénero a la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela  y coordinadora del movimiento Proinclusión del partido opositor Voluntad Popular (MUD), respondió al secretario que proyectos, como el de matrimonio igualitario, están en elaboración y Torrealba, por no ser diputado, no ha estado al tanto.

Edgar Baptista, colaborador de Adrián y coordinador político nacional de Proinclusión, considera que al igual que el resto de los partidos de la MUD el suyo “puede plantear sus iniciativas internamente para su consideración y eventual discusión en la Asamblea”.

Voluntad Popular, partido fundado por el líder opositor y preso político venezolano Leopoldo López, es el cuarto con mayor cantidad de diputados, con varios en posiciones claves en comisiones, algo que “sin duda será un factor de importancia para la inclusión de las demandas LGBTI”, de acuerdo con Baptista.

Perspectivas parlamentarias

La Asociación Civil Venezuela Igualitaria, que lucha por lograr el matrimonio entre personas del mismo sexo en Venezuela,  consignó ante el parlamento de ese país una ley de matrimonio civil igualitario el 31 de enero del 2014 por medio de la figura de “Iniciativa Popular”, que se activa al consignar las firmas del 0,1% de la población electoral

“[El matrimonio igualitario] simboliza la igualdad jurídica, el reconocimiento público de nuestra existencia y de la dignidad implícita en nuestra forma de amar”, expuso Giovanni Piermattei, presidente de Venezuela Igualitaria.

Más de 10 mil firmas se recogieron en esa oportunidad, de acuerdo a Piermattei, pero el parlamento de ese entonces no dio respuesta a la solicitud.

Con la llegada de la nueva mayoría parlamentaria opositora en enero del 2016 se descubrió, según Edgar Baptista, que “ni siquiera se sabe qué pasó con las cajas de las firmas, o si fueron verificadas o no”.

Pero hay esperanzas. La llegada de la mayoría opositora y de diputados como Adrián y Mantilla al parlamento, el establecimiento de organizaciones LGBTI serias y con proyectos coherentes y una mayor visibilidad de la comunidad en el ámbito nacional podría hacer que la propuesta del matrimonio igualitario sea una realidad en Venezuela muy pronto.

Baptista dice recordar cómo activistas simpatizantes del oficialismo en el 2015 no tenían esperanza en la nueva Asamblea, no por ser opositora, si no “porque cualquier cosa que se aprobara sería inmediatamente vetada por el gobierno”.

Pero Piermattei es optimista. “Confío en nuestros tomadores de decisiones a pesar de las múltiples incongruencias detectadas en uno y otro bando político”, dijo.

El militante político considera frágil esa afirmación porque hay iniciativas, como la propuesta del bono de alimentación para los pensionados, aprobadas con el voto de los dos bloques, “podemos deducir que no habrá veto del gobierno, eso es lo que esperamos suceda con nuestras demandas”.

Comunidad LGBTI exige

Mientras el tiempo transcurre, miembros de la comunidad LGBTI venezolana se preguntan cuándo serán escuchadas sus demandas ciudadanas.

“Todos los derechos humanos son fundamentales”, dice  María José Crespo, joven bisexual de Ciudad Bolívar, estado Bolívar (oriente del país), con cinco años en una relación homosexual. Ella considera que el matrimonio igualitario sería un ejercicio de tolerancia que “nos caería muy bien en este momento donde lo que se hace es derrochar odio”.

Jhonny González, quien vive en Valera, considera la comunidad LGBTI venezolana  está bajo constante ataque tanto por la sociedad como por el gobierno. “Sí deberían ser prioridad nuestros derechos porque generalmente siempre están siendo violados”, dice González.

González considera que el respeto a la identidad sexual debe ser lo primero a reconocerse. Un punto que para Allison Maryam Matta, una mujer transexual de 22 años de Barquisimeto, estado Lara, es fundamental; ella prioriza la promulgación de una “Ley contra la discriminación por sexo, identidad de género y orientación sexual” algo consecuente con anuncios ya hechos por la diputada Adrian.

Para Matta nada es más prioritario que  la “alimentación y la salud”, aunque asegura que eso no quita que “nuestros derechos (LGBTI) sean tan prioritarios como el asunto de los presos políticos”.

 

Avances a pulso

La espera continúa, pero los activistas Baptista y Piermattei concuerdan en que el mayor avance de últimos cinco años ha sido la presentación de sus demandas ante los entes políticos y la opinión pública.

Piermattei resalta la demanda por el matrimonio igualitario “que abrió el debate en hogares, academia, religiones y recintos escolares”.

Ambos también resaltan la materialización de la fuerza política de su comunidad, hecho que trajo como resultado la elección de los primeros diputados abiertamente LGBTI de la historia nacional, Tamara Adrián y Rosmit Mantilla (opositor y actualmente detenido, acusado por el gobierno de terrorismo) y la iniciativa de crear un Consejo Presidencial para la Diversidad Sexual, “con una visión sesgada y falta de legitimidad, pero (que) ha sido la respuesta a la presión ciudadana” considera Piermattei.

Los activistas, su comunidad y la opinión pública pueden estar listos para los debates, pero la crisis política que aún no vislumbra un final en Venezuela puede dejar los derechos LGBTI en la incertidumbre por un rato más.


Fuente: http://arengadigital.com/venezuela-movimiento-lgbti-espera-reconocimiento-de-sus-derechos-ciudadanos/

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